Tijuana Joven por la Democracia

Esta será la primera ocasión, en 109 nueve años, que la ciudad de Oaxaca contará con dos Noches de Rábanos: en esa plazuela y la instituida por las autoridades en el Zócalo
Luego que la Policía Municipal (PM) acordonara los accesos al templo de Santo Domingo, donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) planeaba celebrar su "Noche de Rábanos" alterna, esta asamblea decidió trasladar el lugar de su fiesta a unos metros de esa iglesia.
Cástulo López, integrante de la Comisión de Prensa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), informó que luego de negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob), ambas instancias acordaron realizar su "Noche de Rábanos" en la plazuela de la Iglesia de El Carmen Alto.
Abundó que el acuerdo incluye el repliegue de la Policía Municipal, para dejarle libre a la APPO la plazuela mencionada, la cual se ubica a cien metros del templo dominico.
Ante el anuncio hecho ayer por la asamblea de realizar su "Noche de Rábanos" en Santo Domingo, esta mañana, alrededor de 300 policías municipales acordonaron los accesos a ese lugar con lo que se retrasó su celebración.
La "Noche de Rábanos" consiste en un concurso, que data de 1897, en el cual artesanos, horticultores y floricultores exhiben esculturas relativas a la Navidad y otras celebraciones mexicanas, elaboradas con la hortaliza, totomoxtle y flor muerta, y el cual se lleva a cabo cada 23 de diciembre en el Zócalo de esta ciudad.
Por otro lado, Cástulo López detalló que a la plazuela, en una hora arribarán los artesanos para realizar sus trabajos, los cuales tendrán como tema el movimiento social, la toma de medios y barricadas; además agregó que a las cinco de la tarde llegará una calenda (desfile con música y marmotas).
Subrayó que esa asamblea no busca confrontar a la policía, ni tampoco alterar el orden, sino pretenden expresar la cultura oaxaqueña para mostrarla a los turistas.
Se tiene contemplado que el operativo de la Policía Municipal en torno a Santo Domingo concluya a las 16:00 horas, momento en el cual dará inicio en el Zócalo de la ciudad, la visita de turistas a la exposición organizada por autoridades municipales.
Esta será la primera ocasión, en 109 nueve años, que la ciudad de Oaxaca contará con dos "Noches de Rábanos": la organizada por la APPO en la plazuela de El Carmen Alto; y la instituida por las autoridades locales en el Zócalo capitalino; ambas separadas por un cerco policiaco.
Mientras tanto, en el Zócalo, 80% de los artesanos ya concluyeron sus trabajos, mismos que desde este momentos son apreciados por cientos de personas, la mayoría habitantes de la ciudad, y pocos turistas extranjeros.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_395973.html

Maestros y simpatizantes de la APPO marcharon por las calles de la ciudad de Oaxaca para exigir la liberación de los "presos de conciencia" Foto: Ezequiel Ley

Oaxaca, Oax., 22 de diciembre. Al cumplirse siete meses del inicio del conflicto, miles de militantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) volvieron a salir a las calles a marchar en demanda de la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la liberación de los "presos políticos y de conciencia".
La movilización, una vez que las fuerzas federales abandonaron el centro histórico, originó el atrincheramiento de elementos de las policías ministerial y municipal en las calles aledañas al zócalo.
Los policías, dispuestos con equipo antimotines, se situaron en las esquinas de las diferentes calles protegidos con vallas y rejas metálicas, y hasta por elementos del Cuerpo de Bomberos con pipas de agua para evitar el eventual paso de los manifestantes.
A tres cuadras de esas posiciones pasó el contingente conformado por una gran cantidad de agremiados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
"La prueba clara de que hay ingobernabilidad es el cerco policiaco tendido por órdenes del propio Ulises Ruiz", afirmó el vocero de la APPO, Florentino López Martínez. La marcha fue encabezada por las personas recientemente liberadas del penal federal de San José del Rincón, Nayarit, y por familiares de los aún encarcelados, aglutinados en el Comité de Familiares de Presos, Detenidos y Desaparecidos de Oaxaca.
Al término de la caminata, realizaron un mitin en la Plaza de la Danza, donde Juan Sosa Maldonado, miembro de la comisión negociadora de la APPO, dijo que quienes pretenden deslindarse del movimiento ­en referencia al dirigente magisterial Enrique Rueda­ "se han equivocado rotundamente y el pueblo los condenará".
"Este movimiento es de bases y no de líderes", señaló Sosa Maldonado. Agregó que los traidores "merecen estar en el basurero de la historia".
Antes, otro dirigente de la sección 22 del SNTE, Fernando Lorenzo Estrada, lamentó las "declaraciones desafortunadas" de Rueda Pacheco y aseguró que "las bases están en la lucha del pueblo, no se han deslindado ni traicionado a la APPO".
Estrada señaló que el magisterio oaxaqueño "no se puede deslindar así nada más" de la APPO porque la asamblea estatal determinó su incorporación a dicha alianza de organizaciones.
En nombre del Comité de Familiares de Presos, Luis Alfonso Espina Nolasco reprobó el traslado de los recluidos en el penal de mediana seguridad de San José del Rincón, Nayarit, a cárceles oaxaqueñas, sin el consentimiento de ellos mismos ni de sus familiares.
Al término del acto político una columna de agentes de la policía municipal de Oaxaca de Juárez atravesó la Plaza de la Danza durante el recorrido a su cuartel. La intempestiva presencia fue catalogada por la APPO como una provocación.
En un comunicado, el gobierno del estado manifestó que su voluntad de conciliación "queda de manifiesto al apoyar legalmente la revisión de los expedientes de los detenidos a raíz de los acontecimientos del 25 de noviembre y de impulsar una reforma del Estado ciudadana que responda a los anhelos de progreso con justicia social".
Consideró que quienes critican la iniciativa de reforma del Estado "deben ejercer su derecho a disentir proponiendo soluciones a los problemas estructurales de la entidad".
Para este sábado la APPO ha programado la celebración de la Noche de Rábanos, alterna a la convocada por el gobierno estatal, en el atrio del templo de Santo Domingo, lo que supone la recuperación de ese espacio.
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/23/index.php?section=politica&article=009n1pol

De Argentina a Grecia, de España a Estados Unidos, en más de 37 naciones de Europa y América se llevó a cabo ayer la Jornada Mundial de Movilizaciones por Oaxaca ­convocada desde México por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)­ en demanda al respeto de los derechos humanos de los oaxaqueños, la liberación de los detenidos y la remoción del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
En diversos idiomas se escuchó el grito y la exigencia de justicia para los ciudadanos de esa entidad, de respaldo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y también en apoyo a los indígenas chiapanecos.
La solidaridad tomó forma por medio de mítines frente a las representaciones diplomáticas de México, encuentros culturales, movilizaciones y una cadena de misivas al gobierno mexicano, en las cuales exigen el cese de la represión contra los luchadores sociales y defensores de garantías básicas.
En Barcelona, pese a una fuerte lluvia, unas 200 personas se manifestaron en el centro de la ciudad en solidaridad con el pueblo de Oaxaca y contra la impunidad que se vive en México. Los marchistas portaban antorchas y corearon consignas contra Ulises Ruiz y en recuerdo también de la masacre en Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997.
La manifestación recorrió las ramblas de Barcelona, donde se repartieron volantes y carteles alusivos a la situación que priva en Oaxaca.
En Valencia, Salamanca y Sevilla hubo también una jornada de protesta para denunciar además "el silencio cómplice del gobierno español y la manipulación de los medios de comunicación en México". El grito fue: "Oaxaca vive, la lucha sigue".
Ningún muerto en Oaxaca: Jiménez Remus
Los manifestantes dieron a conocer una carta que el embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, hizo llegar a la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas, en la que minimiza la situación en Oaxaca.
"En respuesta a su comunicación en la que manifiesta su preocupación por la situación en Oaxaca, me permito informarle que no se ha registrado ningún fallecimiento en la capital de Oaxaca como resultado del operativo que las fuerzas federales llevan a cabo en esa ciudad, a partir del 28 de octubre."
Por lo que se refiere a los detenidos por la policía ministerial de Oaxaca, el gobierno de México ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación jurídica de esas personas, precisando los cargos y constatando su acceso a la representación legal, aseguró el representante del gobierno de Felipe Calderón.
Las organizaciones, sin embargo, hicieron alusión al informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en el sentido de que en más de 200 días de conflicto se ha registrado una veintena de muertos, 11 de ellos, al menos, directamente como saldo del enfrentamiento entre integrantes de la APPO y fuerzas policiacas.
Los manifestantes recordaron en diversas ciudades que, tan sólo el 25 de noviembre, la Policía Federal Preventiva encabezó la detención de más de 200 personas (entre ellas varios extranjeros), de las cuales más de 50 permanecen recluidas.
En ciudades de Francia como París, Marsella, Lille, Toulouse, Grenoble, Nantes, entre otras, hubo también muestras de solidaridad a la APPO.
Durante más de dos horas, cientos de ciudadanos marcharon por el centro de París, entre ellos varios residentes mexicanos, para expresar su apoyo al movimiento popular oaxaqueño.
Inmigrantes indocumentados hablaron durante el mitin para insistir en la remoción del "asesino Ulises Ruiz".
Al llegar al consulado de México, Ixchel, niña oaxaqueña, hizo corear a todos la consigna "Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó", y expresiones contra el presidente Felipe Calderón.
Los indocumentados, que ocupan desde hace días locales de una universidad de la región parisina, expresaron el temor de que la policía los desaloje; pese a ello, acordaron continuar con esta jornada, aun durante las fiestas de fin de año.
En Roma, un centenar de manifestantes se plantaron fuera de las oficinas de Naciones Unidas y denunciaron la violación de los derechos humanos contra luchadores sociales en México. Entregaron una carta de protesta que luego fue enviada por fax a las oficinas principales de la ONU en todo el mundo.
También entregaron un paquete navideño con los símbolos de las luchas del pueblo mexicano: el machete y las flores, el huarache y la bota zapatista. La Asociación Ya Basta, organizadora del acto, alertó sobre "los intentos golpistas de la ultraderecha mexicana". Portaron una manta de más de un metro de alto en la que se leía: "Gobierno mexicano asesino, ya basta de impunidad".
La jornada internacional se llevó a cabo en ciudades de Alemania como Bremen, Colonia y Wuppertal. También en Viena, Austria, y en Bruselas, Bélgica, así como en la capital de Grecia, Atenas. Las marchas concluyeron en las representaciones diplomáticas de México.
Durante la concentración realizada en la sede mexicana en Atenas, grupos como el Colectivo Espiral de Solidaridad exigieron la liberación de los detenidos y advirtieron: "Nuestro corazón está en las calles de Oaxaca, al lado del pueblo que está resistiendo al temor y a la represión. Nuestro corazón está donde hay lucha con la dignidad".
En América, la solidaridad se dio en todo el continente, desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina, Perú y Brasil. Hubo manifestaciones en los consulados y embajadas, pero también sesiones de poesía y conciertos de música latinoamericana, entre otras actividades.
"La represión no tiene bandera ni reconoce país; los cambios de gobierno no resolverán ningún problema. Ustedes han iluminado más el camino rojo, el camino de Oaxaca, y por ello estamos en las buenas y en las malas hasta la victoria final", se expresó en Arequipa, durante un mitin organizado por la Juventud Socialista de Perú. Las protestas continuarán en lo que resta del año.
Acciones de Documento
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/23/index.php?section=politica&article=008n1pol

Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron ayer otro aniversario de la matanza ocurrida en la comunidad chiapaneca, donde fueron asesinados 45 indígenas en 1997. El acto, en el cual participaron los obispos Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, sirvió de ocasión para denunciar que el caso ha caído en el olvido y que los autores intelectuales de los crímenes siguen libres. "Los planes de la masacre fueron diseñados por el ex presidente Ernesto Zedillo y operados por el entonces general de la séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", afirmaron algunos de los sobrevivientes. El gobernador Juan Sabines, en tanto, anunció la creación de una fiscalía especial FOTO Tomás Vázquez

Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron ayer otro aniversario de la matanza ocurrida en la comunidad chiapaneca, donde fueron asesinados 45 indígenas en 1997. El acto, en el cual participaron los obispos Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, sirvió de ocasión para denunciar que el caso ha caído en el olvido y que los autores intelectuales de los crímenes siguen libres. "Los planes de la masacre fueron diseñados por el ex presidente Ernesto Zedillo y operados por el entonces general de la séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", afirmaron algunos de los sobrevivientes. El gobernador Juan Sabines, en tanto, anunció la creación de una fiscalía especial FOTO Tomás Vázquez

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QUEREMOS FESTEJAR ESTE AÑO LLENO DE VICTORIASPARA LA RESISTENCIA CIVIL Y PARA EL GOBIERNO LEGITIMO

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Por Lorena Gamboa De La Cruz

En el presupuesto de egresos 2007, Calderón da un golpe certero una vez mas al pueblo de México, al anunciar que reduciría en 0.05% el gasto a Educación Superior, en comparación al 2006, en el cual se destino el 0.57% de PIB (Producto Interno Bruto), ahora que en Foxilandia les interesaba mas la Educación, pues el espurio pretende destinar el 0.52% del PIB, cortando con esto las aspiraciones de millones de estudiantes que quedarían imposibilitados para continuar una carrera Universitaria.

FECAL, que cuando era candidato a la presidencia, repitió hasta el cansancio que la Educación seria su prioridad en caso de llegar a la presidencia, yo creo que como no llego, mas bien lo impusieron, por eso no puede cumplir sus promesas, incluso ante los miembros de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) se comprometió a llegar al 1.5% de PIB destinado a Educación Superior que es lo que marca la ley , para poder desarrollar las actividades de manera digna , ahora resulta que sufre de amnesia y no recuerda lo que prometió.

Con esto nos damos cuenta que el gobierno no tiene ni la mas mínima intención de apoyar a la Educación Superior, pues los mas pobres serian los afectados con este recorte a presupuesto, es preferible para el espurio que los mexicanos no estudien una carrera Universitaria y lograr con esto que mas personas puedan trabajar en las maquiladoras con salarios bajos y a merced de los empresarios.

Aquí les presento datos de algunas de las Universidades que se afectarían


· La UNAM, sufriría un recorte de 4.1% al pasar de 17 mil 428 millones a 16 mil 715 millones.
· La UNIVERSIDAD DE ZACATECAS en 2006 recibió 701 millones de pesos y ahora recibirá 665 millones de pesos, esta Universidad el año pasado lograba cubrir solo el 70% de sus obligaciones ahora solo cubrirá el 65%.
· El INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, en el 2006 recibió 6 mil 835 millones que hoy quedara en 6 mil 656 millones de pesos.
· La UNIVERSIDAD DE HIDALGO, recibe 18,500 pesos por estudiante al año y con el recorte simplemente no podrá llevar a cabo proyectos de investigación.
· La UNIVERSIDAD DE CHAPINGO en la que el 17% de los estudiantes son indígenas provenientes de 33 etnias con el recorte se sumiría en el mas largo letargo Institucional, como menciona el rector de dicha casa de estudios quien en una entrevista expone que están discriminando de manera absurda a los alumnos , pues muchos políticos no conciben que todavía tengan un internado en el que se le da de comer a los jóvenes tres veces al día y con gran tristeza afirma que de seguir esto los condenaría a cerrar esta institución educativa de manera definitiva.

Como pudieron darse cuenta es muy grave lo que pretende hacer este gobierno con la Educación superior, su único objetivo es no seguirla apoyando y de manera gradual ir privatizándola, para que menos mexicanos puedan tener derecho a ser profesionistas y matar de manera impune las aspiraciones de los jóvenes de este país.

Luis Javier Garrido

El proceso de militarización de la vida nacional, que está anunciando como una de sus primeras decisiones el gobierno ilegítimo de Calderón, está condenado al fracaso porque va en contra de los derechos fundamentales de los mexicanos, pero no por eso no está ahondando la crisis institucional.
1. La debilidad del gobierno de facto de Felipe Calderón se manifestó al haber tenido que asumir espuriamente su cargo el 1º de diciembre en un Palacio Legislativo tomado por las fuerzas armadas y cuando anunció ese día que el primer acto de su gobierno sería aumentar los sueldos de los miembros de las fuerzas armadas al mismo tiempo que supuestamente se reducirían los del resto del personal del gobierno, y se confirmó al empezar a utilizar al Ejército de manera anticonstitucional, lo mismo como policía preventiva y judicial que como autoridad política en un descabellado operativo "de seguridad" decretado en Michoacán, que no fue más que una operación de propaganda, pero que tiene graves consecuencias políticas.
2. Las señales ominosas que se ciernen sobre el país luego de la usurpación son múltiples, pues desde los primeros días se ha confirmado lo que ya se sabía, y es que la misión encomendada a Calderón, al contrario de lo que éste dijo una y otra vez en su campaña, es proseguir cancelando los derechos sociales históricos de los mexicanos y desmantelando a la nación entregando sus riquezas estratégicas a las trasnacionales. Y para ello pretende consolidar las bases políticas a fin de que los grupos de la derecha fascistoide, que ahora se identifican con el PAN, y a los que él sirve, se enquisten en el gobierno durante varias décadas, objetivo para el cual le resulta imprescindible, mucho más que a sus predecesores, el control ideológico a través de radio y televisión y el control material por conducto de las fuerzas armadas.
3. Un gobierno que tiene que recurrir al Ejército para que le ayude a resolver problemas que no son de su competencia ha sido siempre un gobierno débil, y el de Calderón lo es en extremo por más que la mayoría de los medios masivos de comunicación se esfuerzen en señalar lo contrario. El gobierno de facto, a pesar de sus pretensiones, carece de toda autoridad moral por su origen espurio y por estar sustentado en la corrupción institucional y el tráfico de influencias y no tiene más autoridad política que la derivada de su control del presupuesto.
4. El operativo militar de Michoacán, presentado en los medios como el inicio de una gran lucha contra el narco y la delincuencia organizada, que no fue más que un espectáculo televisivo, se saldó tras de una semana como era de suponerse por un gran fiasco, ya que la presentación de unos cuantos campesinos pobres y de dos o tres traficantes de medio pelo no pudo paliar la imagen que dio el ejército buscando someter a la inconformidad social por la vía del amedrentamiento y respaldando a un gobierno ilegítimo que, además de su origen ilegal, está sostenido por el salinismo y el narcopoder real, con el que hay evidencias de que tiene una alianza estratégica, y por las mafias de cárteles vinculados a los intereses de Washington.
5. El proyecto de los yuppies que controlan el aparato burocrático del gobierno de instaurar en México, con el pretexto de la seguridad pública, un Estado de corte cada vez más policiaco-militar no ha sorprendido, sin embargo, por reflejar una vez más el menosprecio que tienen estas gentes por los principios que sustentan el orden legal del país y por los derechos fundamentales de los mexicanos reconocidos en la carta constitucional, sino porque evidencia el nulo respaldo social que asumen tiene el gobierno de facto y el temor a lo que pueden ser las respuestas populares frente a las políticas que pretenden imponer.
6. El descabellado proyecto, abiertamente anti- constitucional, no se ha escondido, pues el gobierno de facto de Calderón, luego de haber decretado el fracasado operativo militar en Michoacán, anunció el 13 de diciembre que se habilitaría a 10 mil miembros del Ejército y de la Marina nacionales como integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), el 15 de diciembre un boletín de prensa de la PGR hizo saber que se había decidido la unificación de la PFP y de la AFI bajo un solo mando a cargo de Ardelio Vargas, y el 20 se filtró la información de que se pretendía en pocos meses crear una nueva agrupación policiaca de corte militar, a la que se intenta llamar Cuerpo Federal de Policía, la cual estaría integrada por la PFP, la AFI, la Policía Fiscal Aduanal y agentes de migración (Reforma, 21/12/06), medidas todas ellas que contravienen los fundamentos constitucionales del país y que se suman a la información que ya se conocía desde hace semanas de que Calderón estaba auspiciando la creación de grupos paramilitares en las regiones más marginadas de México.
7. La anticonstitucionalidad del proyecto calderoniano de "mano dura" no puede llevar por consiguiente más que a ahondar la grave crisis institucional por la que atraviesa el país. La utilización de las fuerzas armadas en tareas policiales preventivas o judiciales contraviene el texto del artículo 129 que prohíbe a éstas en tiempos de paz ejercer funciones que no tengan "exacta conexión con la disciplina militar". La fusión de la PFP y la AFI (como se denomina ahora a la Policía Judicial Federal) contraviene los artículos 19, 20 y 21 constitucionales, que establecen una división entre prevención y persecución de los delitos: entre la seguridad pública y la administración de justicia. La creación de un Cuerpo Federal de Policía, como el que se pretende, vulneraría de manera flagrante el régimen federal.
8. El combate a la inseguridad ha ido de la mano en América Latina de una contradicción fundamental: los gobiernos corruptos y que hacen de la violación a las leyes una práctica constante no tienen autoridad, ni razón alguna, para combatir a la delincuencia organizada: ellos son la expresión de esa delincuencia organizada. ¿Cómo puede Calderón, que ha violentado el marco constitucional al encaramarse ilegalmente en el poder, que encabeza a un gobierno de facto sustentado en el tráfico de influencias y en el pago de favores a multinacionales y que está subordinado a Salinas y al salinismo, es decir, al narcopoder y a la corrupción institucionalizada, preconizar el respeto a la ley? ¿Con qué autoridad moral y política?
9. Disfrazar a contingentes del Ejército de paramilitares o de policías federales preventivos no implica, por otra parte, no violentar la Constitución, ni le quita tampoco a las fuerzas armadas su responsabilidad en toda esta parafernalia de incompetencia ilegal.
10. Los problemas del país no se pueden enfrentar con una visión militar y un autoritarismo primario, ése que los medios insisten en llamar "la mano dura", pues lo único que se va a lograr es ahondar la crisis nacional.
http://www.jornada.unam.mx

Familiares de migrantes mexicanos detenidos en las redadas recientes contra indocumentados se manifestaron frente a la Casa Blanca para exigir al presidente George W. Bush declare moratoria a dichas acciones Foto: Notimex

El alza máxima de 1.90 pesos diarios a los salarios mínimos generó amplio repudio en el sector obrero. Los epítetos fueron abundantes, entre ellos: "raquítico, miserable, irrisorio, insuficiente, lastimoso, de vergüenza y de burla".

Asimismo, consideró que esta alza lo único que evidencia es que para el gobierno de Felipe Calderón el artículo 123 constitucional es "letra muerta", pues sólo incentivará la "precarización" de los trabajadores.
Los gremios afiliados a la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes), como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del Monte de Piedad expresaron ayer su "rechazo categórico" al aumento de 3.9 por ciento que recibirán los salarios mínimos en 2007.
Martín Esparza Flores, secretario general del SME, gremio que encabeza la Jornada Nacional e Internacional por la Restitución del Salario y el Empleo, precisó: "repudiamos esta determinación que tomó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), y que es avalada por el gobierno federal y el sector patronal; no aceptamos este raquítico aumento". Anunció que las organizaciones participantes en la jornada nacional buscarán la vía legal.
"Este aumento incumple lo dispuesto en la Constitución, ya que uno de tres trabajadores percibe el minisalario, por lo que, lejos de mejorar la economía del país, se deteriorará; nos ampararemos en enero".
Benito Bahena, dirigente de la ATM, otra de las organizaciones que participan en la jornada de resistencia, refirió que la percepción mínima de México es de las menos competitivas del mundo. En Alemania es 21.11 veces mayor que la del país, en Japón 15.67 y en Estados Unidos 11.39, precisó.
Adelantó que a partir del próximo mes incrementarán las acciones para que en 2007 se logre la "desaparición de la CNSM". Dijo que el alza no sólo es "raquítica, sino también lastimosa", y que el minisalario es una "vergüenza internacional".
Arturo Zayún González, secretario general de la Fesebes y del gremio del Monte de Piedad, sostuvo que el aumento es una "burla" y se pronunció también por la desaparición de la CNSM, "porque no responde a los intereses auténticos de los trabajadores". Anunció que la Fesebes se sumará a todas las acciones que se realicen para mejorar las percepciones laborales.
José Luis Vega Núñez, del equipo de la dirección de la Unión de Juristas de México, precisó que el "miserable" aumento demuestra que para el gobierno de Calderón "es letra muerta el artículo 123 constitucional, que habla de un salario suficiente y remunerador para los trabajadores". Asimismo, consideró que este incremento "profundizará la precarización de los trabajadores y manifiesta el profundo desprecio con que se conducen las nuevas autoridades frente a los obreros".
La fijación de los mínimos es una decisión anticonstitucional que debe combatirse por medio de la movilización y los recursos legales, como los amparos, pero, sobre todo, debe iniciarse una lucha entre las organizaciones sindicales para exigir un aumento digno, dijo.
Antonio Castelán Guarneros, secretario de contratación colectiva de la CROC y quien estuvo en la negociación ante la CNSM, dijo que los representantes obreros estuvieron "a punto de levantarse" de la mesa, "por dignidad", pero otras centrales, como el Congreso del Trabajo, no secundaron esta posición. Reconoció que el aumento que aprobaron es "insuficiente" e "irrisorio", que no se alcanzó el objetivo que se buscaba, por lo que todo el sector obrero firmó el acuerdo bajo protesta, y advirtió que ahora el reto para los sindicatos será no dejar que ese 3.9 por ciento de incremento sea considerado "tope" para las negociaciones salariales del próximo año.
El incremento constituye una ofensa para los trabajadores y un tramo más en la carrera hacia el empobrecimiento colectivo que se inició hace cuatro sexenios con los gobiernos neoliberales, afirmó Elías Zúñiga Gutiérrez, integrante de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en Nuevo León.
Sostuvo que el minisalario se establece con base en el criterio de "un grupo de personajes totalmente ajenos a la realidad del país: los representantes de la CNSM", a quienes calificó de "sanguijuelas", porque "cobran más de 50 mil pesos mensuales por no hacer nada o, más bien, por hacer daño al pueblo trabajador".
El también secretario general de la Federación de Organizaciones Sindicales de México señaló que sólo con la reciente alza al precio de la leche se pierde el miniaumento al salario, pero, además, en los últimos días se han encarecido las tortillas, la gasolina, el diesel, el arroz, el frijol y otros productos básicos.
El incremento a las percepciones en Yucatán, por ubicarse en la zona geográfica C, equivale a 1.79 pesos, y con esta "exuberante" cantidad, los casi 2 millones de habitantes del estado apenas podrán adquirir uno que otro producto, y no siempre el necesario, para completar la llamada canasta básica.
Según un sondeo elaborado por La Jornada en changarros y supermercados en esa zona, con el peso y 79 centavos de incremento, el potencial cliente puede comprar un huevo (cuyo costo promedio es de un peso), una aspirina (1 peso), un chicle (50 centavos) y varios tipos de golosinas, como paletas, pastillas de menta y chocolates (de 1 peso a 1.50)
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/22/index.php?section=sociedad&article=037n1soc

Deciden en sesión extraordinaria de su Consejo Nacional integrar la sección 59 con profesores que no están de acuerdo con la línea que ha seguido Enrique Rueda
El Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aprobó por unanimidad la creación de la sección 59 en Oaxaca, que será integrada por los profesores que no están de acuerdo con la línea que ha seguido la sección 22, encabezada por Enrique Rueda Pacheco.
En el marco de la XX sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, que encabeza en estos momentos el dirigente de esta organización, Rafael Ochoa Guzmán, profesores oaxaqueños manifestaron su intención de pugnar por dignificar la figura del magisterio en esa entidad.
A nombre de los profesores oaxaqueños, Cuauhtémoc Sigüenza, se dirigió al Consejo Nacional con la inquietud de privilegiar la educación en favor de los estudiantes.
En la citada reunión se aprobó también por unanimidad integrar la comisión ejecutiva de la nueva sección 59, que de acuerdo con Ochoa Guzmán, se encargará de hacer el acercamiento con los profesores de Oaxaca, sensibilizarlos y realizar un trabajo transparente para convocar a un consejo constituyente en esa sección
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_395792.html

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca exigió el cese de la persecución de dirigentes del movimiento oaxaqueño, la "desmilitarización" del estado y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz
Sin incidentes mayores concluyó hace unos minutos en la Plaza de la Danza la movilización que realizó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Respaldada por integrantes de la Otra Campaña del EZLN y diversas organizaciones sociales, entre ellas el Comité Cerezo, la APPO exigió el cese de la persecución de dirigentes del movimiento oaxaqueño, la "desmilitarización" del estado y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
En voz de su vocero, Florentino López, la APPO presentó una primera reacción a la inminente creación de la sección 59 del SNTE para Oaxaca:
"Es una estrategia con la que quieren dividirnos, pero el magisterio democrático no lo va a permitir... una de las columnas vertebrales del movimiento es la sección 22 y ahora quiere dividirnos con la finalidad de exterminar el movimiento pero no van a poder", indicó el vocero de la APPO.

Molesta a vendedores establecidos que manifestantes realicen pintas en fachadas recién remozadas, lo que ha provocado empujones e insultos

En medio de conatos de riña entre simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y comerciantes establecidos, se ha desarrollado la marcha que realiza la organización por calles de la capital oaxaqueña en demanda de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la libertad de “presos políticos”.
En estos momentos el contingente llena la Plaza de la Danza, ubicada a cuatro calles del Centro Histórico de la capital el estado, donde la Policía estatal ha reforzado retenes ante la posibilidad de que manifestantes ingresen por la fuerza.
Conforme avanza la marcha, comerciantes han cerrado sus establecimientos al tiempo de que se realizan pintas en fachadas recién remozadas, lo que ha desencadenado empujones e insultos entre inconformes y habitantes de la ciudad.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_395780.html

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LUGAR: CALLE 10 Y REVOLUCIÓN(ANTIGUO LOCAL DE LOS ZAPATISTAS)

HORA: 7:00 P.M

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¿Por qué Tlacoachistlahuaca y no Metlatónoc?

Por Lorena Gamboa De La Cruz

No había pruebas de que estudiantes planearan golpe
El ex presidente Luis Echeverría Álvarez fraguó, propuso y tuvo bajo su control la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, concluyó el Poder Judicial Federal para iniciar el proceso penal por presunto genocidio contra al ex mandatario.
Determinó que Echeverría efectuó la acción sin que pueda justificarse ante una "necesidad de la salvaguarda del Estado en sí mismo, máxime que no hubo racionalidad ni proporcionalidad en la medida tomada".
En la resolución del expediente judicial 344/2006, emitido por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, se añade que no hay prueba de que el 2 de octubre de 1968 los estudiantes pretendieran efectuar un "cuartelazo".
El fallo del magistrado del Segundo Tribunal Unitario de la ciudad de México estableció que el entonces secretario de Gobernación actuó con la complacencia de su superior jerárquico, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Después del análisis de un total de 408 pruebas vertidas en declaraciones de testigos, víctimas y presuntos responsables, así contenidos en videos, documentos, libros y periódicos, el Poder Judicial Federal valoró que se pudo evitar el derramamiento de sangre en 1968 mediante otros medios como el "diálogo".
La resolución judicial consideró también que los primeros en disparar durante el mitin estudiantil fueron miembros del batallón Olimpia y de la Dirección Federal de Seguridad.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_394900.html

Mientras Ulises Ruiz alardea "la gobernabilidad" y los presos continúan padeciendo arbitrariedades sin que se muestre real voluntad política para conducir este conflicto por la vía democrática, hago un paréntesis para compartir una reflexión sobre el vínculo de la convención nacional democrática (CND) y los pueblos indígenas.
En cuanto al mecanismo que se promueve para firmar una carta en la que cada persona que lo desee se comprometa a ser representante del presidente legítimo y acudir a las reuniones nacionales que se convoquen, diría que al margen de las consideraciones que tal propuesta suscita, sobre todo en términos de la articulación colectiva de una organización, en materia indígena ese mecanismo puede funcionar para la adhesión de líderes indígenas, sobre todo los que se mueven de manera autónoma respecto de su pueblo y comunidad, pero está fuera de lógica para la organización social y política de estos pueblos.
Ciertamente es complejo acercarse a las autoridades indígenas y proponer que se discuta la adhesión a la CND y a su presidente legítimo; sin embargo, por principio debe intentarse. Si se van a realizar giras por el total de municipios en el país, la de Oaxaca es muy factible, ya que es eminentemente indígena: hay más de 500 municipios y en lo general corresponden a las comunidades; es más difícil en Chihuahua, donde los rarámuris están agrupados en rancherías y no se reconocen de manera alguna en la estructura municipal.
Un ejemplo reciente es el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, realizado el 28 y 29 de noviembre pasado, al que asistieron cerca de 500 autoridades municipales y comunales, representantes de organizaciones comunitarias y regionales. Este foro surgió de la reunión constitutiva de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (la APPO de hoy), cuando los líderes indígenas señalaron que no podían comprometerse sin la decisión de sus pueblos y lo realizaron en un clima de alta tensión por los sucesos violentos del 25 de noviembre.
Esta posición se ve reflejada en la gran mayoría de las organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual, por cierto, no participa como tal de la CND y comparte las posturas de la otra campaña. Se ha dicho que este tipo de organizaciones políticas no agotan el universo de los pueblos indígenas ni de sus comunidades, y algo de razón hay en ello, pero es constante la organización colectiva y la toma de decisiones comunitaria. De manera que habría que considerar esta implicación. Por ejemplo, ignoramos si los delegados y representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, participantes en la CNI, que se reunieron en la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, vinieron precedidos del acuerdo comunitario.
Por otra parte, también es necesario que abordemos las implicaciones del compromiso asumido con las demandas de los pueblos indígenas. Después de 10 años de incumplimiento y distorsión debemos preguntarnos si es viable cumplir los acuerdos de San Andrés. Estamos lejos de aquel momento, cuando aparecieron como una alternativa seria para que por fin se incluyera plenamente a los pueblos indígenas, de entrada en la Constitución, en el marco de una auténtica reforma del Estado.
Obviamente partimos de la base muy probada de que el Estado con sus tres poderes dio la espalda a la palabra empeñada. En el pasado proceso electoral sólo figuró el propósito de cumplir los históricos acuerdos de San Andrés: Andrés Manuel López Obrador los incluyó en el primer compromiso. A los otros candidatos les resultó más cómoda la política del avestruz, no sabemos si porque asumen que "ya se cumplieron" o simplemente no les interesa.
A cinco años de la contrarreforma indígena de 2001 asistimos al reforzamiento de la privatización mediante leyes que afectan los territorios indígenas y están centradas en la biodiversidad; con ellas se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público para dejar todo el espacio jurídico sujeto a las leyes del mercado. Lo que se observa es la continuidad con la también contrarreforma del artículo 27 constitucional.
Con este panorama observamos que no basta remitir de nueva cuenta la iniciativa Cocopa al Congreso; ya lo hicieron en 2002 un grupo de 160 diputados y no pasó nada. Se requiere, además, acompañar la iniciativa constitucional con un paquete de reformas legislativas que deshagan los entuertos del actual sexenio, particularmente en lo relativo a recursos naturales, genéticos y conocimiento tradicional. Toda una labor de desmontaje de la oleada privatizadora que amenaza seriamente la vida de los pueblos indígenas.
Quedan así planteadas las cautelas y las implicaciones de la relación del gobierno legítimo y la CND con los pueblos indígenas.
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/19/index.php?section=opinion&article=025a2pol

Al presentar ayer su informe preliminar sobre los hechos de violencia en Oaxaca, suscitados a partir del 2 de junio pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluye: "En el estado y, principalmente, en la ciudad capital se mantiene la situación de conflicto, y no existen las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".
Subraya que, a pesar de los avances, "en Oaxaca continúa siendo asunto pendiente la solución del conflicto, con el fin de lograr que se recupere el estado de derecho, se restablezcan las condiciones de seguridad y tranquilidad y se dé efectivo cumplimiento a los derechos humanos. Sólo así podrán atenderse viejos rezagos sociales, que son factor innegable que influye en los conflictos de ese estado".
Al dar cuenta a la opinión pública sobre los avances de sus investigaciones en esa ciudad, a raíz del conflicto magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la CNDH apunta: "Tenemos los registros de 349 personas detenidas, 370 lesionados y 20 fallecidos, de los cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con los hechos.
"Las partes y la Policía Federal Preventiva, que han intervenido para restablecer el orden público, han utilizado la violencia reiterada y excesivamente. Como consecuencia, la vida institucional, social y cultural del estado se ha visto dañada."
La CNDH informa que su indagatoria consta de 14 mil 360 hojas, "mil 211 quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos, a consecuencia del supuesto uso indebido de la fuerza pública; detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales
"Hemos recabado 265 declaraciones de quejosos detenidos y 257 de los lesionados, así como más de 2 mil 700 testimonios. Se efectuaron 280 peritajes en medicina forense y sicología criminalística, así como 198 inspecciones oculares. Además, se realizaron 45 gestiones para localizar a personas reportadas como desaparecidas. Se cuenta ya con mil 857 fotografías y 18 videofilmaciones relativas a los hechos."
Acusa: "El gobierno del estado, en un principio, utilizó la fuerza pública para disolver el 'plantón' instalado por los trabajadores de la sección 22 del SNTE, y posteriormente, ante las acciones realizadas por integrantes de la APPO, dejó de prestar diversos servicios y de ejercer funciones que le son propias, como educación, dar garantías a la libertad de tránsito, protección a la salud y seguridad pública, en sus aspectos de prevención, procuración y administración, entre otras".
Abunda: "En esas circunstancias de inactividad y vacío en el ejercicio de funciones públicas se generaron graves hechos de violencia relacionados directa o indirectamente con el conflicto, como la muerte de 20 personas, entre ellas varios maestros y un periodista estadunidense; procedió a la aprehensión de diversos líderes sociales, varios de ellos ya han sido liberados, y se pidió el apoyo a la Federación en materia de seguridad pública".
La comisión dice que "a raíz del conflicto, la APPO, de la que forma parte la sección 22 del SNTE, luego de que la primera desconoció al Ejecutivo estatal para lograr sus objetivos, bloqueó vialidades urbanas, carreteras, plazas comerciales y sucursales bancarias, impidiendo su funcionamiento normal, así como edificios y oficinas públicas, con la consecuente suspensión de servicios.
"Asimismo, se erigieron barricadas en vialidades importantes. Los servicios de enseñanza en escuelas de niveles básico, prescolar, primaria y secundaria del estado, principalmente en las de la ciudad capital, dejaron de prestarse durante el anterior y el actual periodo, que debió iniciar el 28 de agosto, y las clases no se reanudaron sino hasta finales de noviembre pasado."
En el documento, la CNDH asevera: "El gobierno federal determinó que el 29 de octubre de este año la Policía Federal Preventiva (PFP) tomara el control de la ciudad capital, a la que ingresó mediante el uso de la fuerza, utilizando tanquetas equipadas para lanzar agua a presión, grúas y contingentes de policía portando equipo antimotín, protegidos con escudos, toletes y equipos lanza gases lacrimógenos".
Denuncia que en la investigación de los hechos hubo varios obstáculos. Uno fue la falta de ubicación fija de las autoridades del gobierno estatal y la dificultad de acceso a sus oficinas provisionales. "Encontramos reticencia de algunas autoridades federales para atender a los representantes de este organismo nacional. Hubo agresiones físicas contra visitadores por parte de algunos miembros de la APPO los días 3 de octubre, 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre pasados."
Señala que "fuimos testigos de cómo la violencia afectó las actividades de periodistas, reporteros y camarógrafos nacionales e internacionales. Lamentamos el fallecimiento del comunicador Brad Will, como consecuencia de un disparo de arma de fuego en condiciones que están pendientes de ser esclarecidas por la autoridad".
La CNDH da cuenta de que, durante el periodo que comprende la investigación, "se han presentado agresiones con armas de fuego a integrantes de la APPO por parte de sujetos no identificados, a quienes los primeros señalan como integrantes de la policía local pero vestidos de civil, que han ocasionado lesiones a diversas personas, suscitándose agresiones contra ocupantes de instalaciones de Radio Universidad, en poder de la APPO durante varias semanas".
Asimismo, sostiene que "en Oaxaca se ha presentado una situación de incumplimiento de los ordenamientos jurídicos, tanto por la actuación de particulares como por los actos y omisiones de las autoridades involucradas, que impiden a la población en general disfrutar sus derechos humanos como corresponde y ha generado afectaciones a los mismos".
La solución a las graves carencias que se concentran en varias regiones del país, resalta, exige la reafirmación del respeto a la legalidad como norma indispensable de vida, el encauzamiento institucional de los conflictos, el compromiso de las autoridades con la justicia y con la atención de las demandas ciudadanas. La crítica de la violencia exige no partidizarla ni hacerla instrumento de grupo alguno.
"Debemos impedir, de manera conciente y comprometida, que la violencia surja y se instale en nuestras vidas como si fuera natural o como si se tratara del resultado de un designio inevitable contra el cual nada o muy poco puede hacerse."
Las mil 211 quejas recibidas por la CNDH tienen que ver con el "supuesto uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales".

Seguirán en la pobreza millones de familias, con la decisión de incrementar 4% los minisalarios: Luján • Para recuperar el poder adquisitivo propone un aumento que conjugue la productividad y el índice inflacionario • Destaca que el salario mínimo diario es de 47.21 pesos, mientras que la canasta básica cuesta 288.23 pesos diarios Con la proyección de otorgar un incremento de 4 por ciento a los salarios mínimos, el gobierno espurio confirma que continuará con la política neoliberal y de restricción salarial aplicada desde hace 20 años, que mantiene en la pobreza a millones de familias mexicanas, afirmó la secretaria del Trabajo del Gobierno Legítimo de México, Bertha Elena Luján Uranga. Para revertir los efectos de la política salarial contraria a los intereses de la clase trabajadora, propuso impulsar una política de incremento salarial para alcanzar una recuperación permanente y sistemática del ingreso real de los trabajadores. “Esta es una necesidad urgente desde el punto de vista de la justicia social y de una política de desarrollo sostenido”, abundó. “El incremento salarial para 2007 debe fijarse tomando en cuenta tres factores: productividad, el promedio del índice inflacionario de 2006 con el porcentaje esperado para el próximo año y un porcentaje adicional que se fije, para recuperar parte de la capacidad de compra perdida”, recomendó. Sustentó su iniciativa en que el crecimiento económico solo tiene sentido si se da en función del bienestar de la población; “se trata de poner en el centro de la política económica el desarrollo productivo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a partir de una distribución justa de los beneficios”, enfatizó. En contraste, expuso, las autoridades federales argumentan que los incrementos salariales reales son inflacionarios, que son medidas populistas y provocarían el cierre de empresas. Sin embargo, aclaró que el salario mínimo fue concebido como un instrumento que garantiza a los trabajadores y sus familias la satisfacción de sus necesidades elementales, pero la política económica de los últimos años ha provocado la caída permanente del salario real, deteriorando de manera irreversible la calidad de vida de la población. La secretaria del Trabajo destacó que el minisalario de 47.21 pesos diarios es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población. “Hoy en día más de 6 millones de trabajadores perciben salarios menores al mínimo y 16 millones de trabajadores viven con menos de tres mil pesos al mes, mientras que la canasta básica diaria cuesta 288.23 pesos, es decir 5 veces más que el salario mínimo”, explicó. Recordó que en la administración foxista el salario mínimo perdió 22 por ciento de su poder adquisitivo y en los últimos doce años el salario real se depreció en 33 por ciento. Luján Uranga coincidió con representantes de la clase trabajadora en la necesidad de iniciar un diálogo legítimo entre los sectores productivos, “para acordar incrementos por ramas de la economía, que ligados a la productividad, comprometan la mejora de los salarios y sus prestaciones. Se trata de hacer vigente el derecho al trabajo digno y socialmente útil”, puntualizó.

Editorial de La Jornada
Respecto a la industria de las telecomunicaciones ­dominada por el duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca­, el gobierno del presidente Felipe Calderón ha iniciado su gestión dando su respaldo de facto a la hegemonía ejercida por ambas televisoras: ayer el flamante nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, descartó la posibilidad de establecer una tercera cadena televisiva que llegue a todo el país. Esta decisión desmiente las afirmaciones del Partido Acción Nacional según las cuales el mandatario tiene la firme determinación de combatir los monopolios y deja sin efecto el señalamiento de la Comisión Federal de Competencia, que ha alertado sobre los "altos niveles de concentración en televisión abierta y restringida" y ha advertido sobre la necesidad de "crear oportunidades para el desarrollo de canales de televisión abierta alternativos, que introduzcan mayor competencia" en el mercado.
Luis Téllez ­ex integrante de los consejos de administración de Televisa y Cablevisión­ declaró que no se licitará la creación de una tercera red de televisión abierta y que tan sólo "se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión"; es decir, la SCT analiza únicamente conceder el uso de frecuencias a nivel regional y local y resulta obvio que las empresas que obtengan estas licencias no podrán competir con los gigantes del sector. "En los 100 compromisos del presidente (Felipe) Calderón (...) no se habla de una tercera cadena", explicó el funcionario. El anuncio constituye un golpe a los proyectos de la empresa Palmas 26 ­integrada por Grupo Xtra, del empresario Isaac Saba, y Telemundo, filial de General Electric­ que en septiembre pasado solicitaron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la SCT convocar la licitación de una cadena nacional de televisión abierta. De hecho, Téllez negó incluso la existencia de tal petición: Telemundo no ha formulado "ninguna solicitud específica", sostuvo el secretario.
La decisión del gobierno es lamentable desde varios puntos de vista: por un lado, la creación de una nueva red nacional de televisión permitiría ampliar la oferta de contenidos, lo que fomentaría una mayor competencia en el sector, situación que redundaría también en el mejoramiento de la calidad de la programación, quizás uno de los aspectos más criticados del duopolio televisivo. Por el otro lado, la participación de otro jugador en esta industria tendría como efecto abrir las puertas del mercado mexicano a más empresas de telecomunicaciones, lo que derivaría en una pruralidad de los medios electrónicos.
Pero esta resolución conlleva otra grave consecuencia que se dejará sentir en todos los ámbitos económicos del país. Se trata del peligroso mensaje de que el gobierno federal no tiene ninguna intención de acabar con los monopolios que frenan el desarrollo económico de México: si la administración de Calderón no puede ponerle un freno a las desmedidas ambiciones de Televisa y Tv Azteca, tampoco tendrá la capacidad ­ni la voluntad­ de limitar los monopolios en otros sectores de la economía. Y es que para poder luchar con efectividad contra estos enormes intereses económicos es imprescindible que las decisiones de las autoridades se adopten con total independencia de los grupos empresariales involucrados, una condición que parece no cumplirse en el caso del actual gobierno. Paralelamente al desconocimiento de la SCT sobre la solicitud de licitación de Palmas 26, el consorcio Televisa entabló una campaña de desprestigio en contra de Isaac Saba basada en la denuncia sobre su monopolio en el mercado de medicamentos, dos medidas que estarían encaminadas a cerrarle el paso a un posible tercer competidor.
Así, mientras el gobierno no se desmarque de los intereses económicos, no tendrá la capacidad de gobernar acorde a las necesidades sociales de la población; tal y como denunció el ex senador panista Javier Corral Jurado, "decir que debemos conformarnos con licitaciones regionales es un desprecio por las demandas sociales de comunicación".

Con 371 votos a favor, 29 en contra y 16 abstenciones, los legisladores aprobaron el gravamen a los refrescos que dará a la Federación 3 mil 100 mdp. Avalan aumentar el impuesto a cigarros un peso durante tres años
La Cámara de Diputados aprobó el impuesto especial para la producción y servicios que grava a los refrescos con una tasa de 5%.
Con 371 votos a favor, 29 en contra y 16 abstenciones, los legisladores avalaron el gravamen que dará a la Federación 3 mil 100 millones de pesos.
Legisladores de Convergencia fueron los que argumentaron el rechazo al planteamiento que propuso el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, argumentando que los mayores afectados serían las familias de menores ingresos.
La Cámara de Diputados aprobó un incremento gradual al impuesto sobre el cigarro de 140, 150 y 160 por ciento para aplicar en tres años, lo que implica un aumento paulatino del precio de la cajetilla hasta llegar a tres pesos en 2009.
Durante la sesión ordinaria en el recinto legislativo de San Lázaro, y sin discusión, se aprobó por 404 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La reforma, turnada al Senado para su análisis y aprobación, retoma la propuesta del Ejecutivo para gravar con mayores impuestos el consumo al tabaco, pero rechazó que los ingresos por ese concepto se destinen a un fondo de enfermedades catastróficas por tabaquismo.
Con ello se prevé que el precio de las cajetillas de cigarros se incrementen un peso cada año, a partir del próximo 1 de enero de 2007.
El dictamen aprobado destaca que es necesario contar con mayores recursos fiscales que permitan en el sector salud hacer frente a los gastos que provocan las enfermedades originadas por el tabaquismo.
Asimismo se pretende desincentivar el consumo del tabaco y dotar al Estado de la posibilidad de dar una atención médica a los afectados por el consumo de tabaco. La reforma aprobada a la Ley del IEPS fue turnada al Senado para su análisis y aprobación.
(Con información de Notimex)
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_394819.html

A pesar de su inmensa visibilidad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sigue siendo un misterio. ¿Qué clase de organización es ésta? ¿Cuáles son la naturaleza y alcances de este peculiar animal político? Propios y extraños la siguen tratando como a cualquier organización política. Suponen que, como casi todas, tiene la mirada puesta en el Estado y reproduce la estructura del aparato que querría encabezar. Como él, sería vertical y jerárquica. Como los funcionarios elegidos o designados, sus dirigentes caerían a menudo en corrupción y protagonismo.
Conforme al prejuicio de que la gente no puede tomar iniciativas por sí misma, se sigue buscando la mano que mece la cuna de la APPO. Además de imaginar un personaje, grupo o partido que tiraría las piedras y escondería la mano, se intenta identificar o construir un líder o grupo que serían los responsables de manipular a las masas dóciles.
Este tratamiento habría sido plenamente justificado si se hubiera aplicado a la APPO recién nacida ­cuando nadie le daba mayor importancia. La sección 22 del sindicato magisterial es una organización vertical y jerárquica, cuyos dirigentes son frecuentemente acusados de protagonismo y corrupción. Ellos invitaron a dirigentes de organizaciones amigas, de características similares a las suyas, para crear la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (en singular) el 20 de junio. No tendría más función que apoyar la lucha del sindicato. En el acto fundacional, la APPO era muy poco más que esos dirigentes que habían traído a sus huestes. En las siguientes semanas se incorporaron a esa APPO dirigentes de organizaciones diversas, por lo general sin consultar a sus socios o "bases". Se trataba, por tanto, de una especie de coalición de dirigentes sociales y políticos, articulada por una Coordinadora Provisional de 30 personas que pasaba buena parte de su tiempo dirimiendo sus grandes contradicciones internas.
Pero se produjo una mutación. Poco a poco, al principio, y luego en avalancha, la gente y las organizaciones empezaron a tomar iniciativas por su cuenta bajo el manto de la APPO, que cambió su nombre al actual. La Coordinadora tenía que andar averiguando por dónde quería ir la gente, hacia dónde conducía el proceso y cómo era posible dar cauce al descontento y a los impulsos de transformación profunda. Empezó a mandar obedeciendo, como en los pueblos.
Las colonias populares fueron siempre un acertijo. El tejido comunitario generado desde la migración indígena se combinó con múltiples anarquismos ideológicos o vitales. Los colectivos de barricadas defendieron ferozmente su autonomía, a veces con propósitos aviesos y una carga de violencia difícil de encauzar, dada la previa acumulación de agravios desde el poder.
Los pueblos indios tardaron en hacerse presentes, pero lo hicieron con paso firme y decidido, dando nuevo cariz al movimiento, cada vez más sesgado hacia el espíritu autonómico y asambleario, que también se dejó sentir al aparecer en las regiones.
Algunos concejales parecen pensar que el Consejo es la APPO y que sin ellos ésta desaparecería. Los concejales afiliados a organizaciones locales o nacionales con su propia agenda política parecen desencantados porque no logran poner a la APPO al servicio de esa agenda. Otros más, sobre todo de la camada inicial, preparan nuevas estrategias protagónicas para el caso de naufragio de la APPO. Algunos, por último, buscan nuevos acomodos fuera y empiezan a atacarla.
Los concejales que de vez en cuando pueden reunirse, unos 50, deciden lo que pueden decidir, que no es mucho. De ahí surge la sensación de debilidad que produce satisfacción en las autoridades federales, triunfalismo en las filas de Ulises Ruiz y desesperanza en mucha gente.
La APPO real, mientras tanto, ese pueblo organizado en múltiples encarnaciones, parece llena de vigor. A pesar del terrorismo de Estado, que generó horrores que apenas se están haciendo visibles, la gente sigue tomando iniciativas inesperadas y promisorias y avanza en su reorganización.
El Consejo no controla verticalmente a la APPO ni puede asumir responsabilidad por cuanto se hace en su nombre, pero podría dar cauce y concertación eficaces a la fuerza popular desatada por el movimiento. Es el interlocutor apropiado para evitar la confrontación violenta y realizar las transformaciones cuya necesidad todo mundo reconoce. Pero debe ser tratada como lo que es, sin manías o prejuicios, sin atribuirle rasgos que sólo conservan algunos de sus integrantes.
A pesar de su corta vida la APPO merece ya una APPOlogía, un estudio riguroso de lo que es. Merece también una apología, un discurso que celebre sus notables hazañas, que apenas han empezado ­aunque muchos, incluso en su interior, quisieran ya darla por muerta.
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/18/index.php?section=opinion&article=021a2pol

México, DF. El líder del magisterio oaxaqueño, Enrique Rueda Pacheco, anunció este lunes su deslinde de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y dijo que los maestros del estado ya no participarán en más movilizaciones callejeras.
Rueda Pacheco hizo el anuncio poco antes de viajar hacia la ciudad de México donde tiene prevista una cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con quienes -aseguró- pugnará por la libertad de uno de los líderes de la APPO, Flavio Sosa, y de otras 148 presonas detenidas en una prisión del estado de Nayarit.
La información fue difundida por la emisora Formato 21.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/lider-magisterial-oaxaqueno-se-deslinda-de-la-appo

Exhorta Norberto Rivera a pagar impuesto

El Arzobispo Primado de México advierte que sin la contribución de los ciudadanos no hay progreso; sostiene que la Iglesia paga sus impuestos
El cardenal Norberto Rivera advirtió que mientras se siga con la simulación, el ambulantaje y otras formas de evadir impuestos, el país no saldrá adelante.
En conferencia de prensa luego de un desayuno con reporteros con motivo de las fiestas decembrinas, sostuvo que la Iglesia católica, desde que existe jurídicamente, no ha rehuido a pagar sus impuestos.
Por el contrario, aseguró, considera que es una obligación porque sin la contribución de los ciudadanos en México no hay progreso.
“Aunque duelan los impuestos debemos hacerlo, porque eso ayuda a que México salga adelante, si todos queremos seguir en la simulación, en el ambulantaje y en otras formas de evadir los impuestos, México no progresará”, expuso.
Rivera Carrera explicó que la Iglesia católica actualmente paga impuestos de todos desde que fue reconocida oficialmente hace más de 15 años, por lo que “hacemos nuestras contribuciones ante Hacienda puntualmente, por el seminario de la Basílica y de los ingresos personales también”.
En otro tema, el prelado reconoció que la Iglesia debe salir a dar más el Evangelio como lo exige los creyentes, que piden mayor flexibilidad y que no se pongan barreras para que puedan acercarse a la vida sacramental.
A su decir, lo más importante es analizar los retos que debemos enfrentar el año próximo porque ya quedaron atrás las elecciones y otras situaciones que se registraron en 2006.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_394579.html

Señala el líder nacional del PAN que “a título personalísimo” no está de acuerdo con el gravamen; “ojalá y ese impuesto pueda ser menor o no se aplique”, dice
El dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, aseguró que "a título personalísimo" no está de acuerdo con el impuesto de 5% aprobado en comisiones, en la Cámara de Diputados, para los refrescos y aguas carbonatadas.
"Ojalá y ese impuesto pueda ser menor o no se aplique", afirmó en conferencia de prensa en la sede nacional de su partido.
Ayer, la Comisión de Hacienda, con el voto de los diputados del PAN, aprobó un impuesto de 5% a refrescos aplicable a partir del próximo año, que generará una captación de 3 mil 973 millones de pesos.
Espino Barrientos dijo tener temor de que el incremento en el precio de los refrescos sea mayor al 5% aprobado por los legisladores y que lo que prefiere es no sangrar a los consumidores.
Refirió que a pesar de que el refresco no es un artículo de primera necesidad, sí lo es de "primer consumo", por lo que un incremento en el precio podría perjudicar a quienes lo consumen.
Sin embargo, dijo que si con este gravamen se incrementan los re cursos públicos para un comporta miento eficiente del gobierno, él es taría de acuerdo.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_394557.html

Antonio Gershenson

Desde hace tiempo, varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda han hablado del "desplome" de los precios del petróleo. Sobre la base de esta afirmación, envían al Con-greso un supuesto del precio promedio de las exportaciones mexicanas, para 2007, de 42.50 dólares por barril. Y en la Comisión de Hacienda a la Cámara de Diputados se hacen los muy correctores, y hablan de agregar a esta cifra entre medio dólar y un dólar. Vamos a ver cuáles son las tendencias reales del precio del petróleo crudo.
Empezaremos por el promedio de los crudos de referencia WTI y Brent, dado que el último promedio mensual publicado por Pemex del precio mexicano de exportación es el de octubre. Pues resulta que fue precisamente en octubre cuando los precios del crudo fueron más bajos, y en noviembre y lo que va de diciembre estos precios han aumentado. El mencionado costo promedio en octubre fue de 58.29 dólares por barril y pasó a 59.37 y a 62.78 en noviembre y en la primera quincena de diciembre, respectivamente. Del primer mes mencionado al segundo, el aumento fue de más de un dólar por barril, y de noviembre a la parte transcurrida de este mes fue de más de 3 dólares. ¿Cuál desplome?
Veamos tendencias de mayor plazo, con los promedios anuales, entendiendo que el de 2006 es hasta el 15 de diciembre. Redondeando, en 2003 eran poco menos de 30 dólares; en 2004, 40 dólares, con 10 dólares de aumento anual. Ya en 2005, fueron más de 55 dólares, un aumento de más de 15 dólares anuales, y en 2006, casi 66 dólares, con aumento anual de más de 10 dólares. ¿Cuál desplome?
Los precios de exportación de Pemex, también redondeando, fueron poco menos de 25 dólares por barril en 2003; en 2004, 31 dólares, con seis dólares de aumento anual. En 2005, poco menos de 43 dólares, con casi 12 dólares de aumento; y en 2006, el promedio publicado hasta octubre es de 53.87 dólares y, suponiendo una tendencia similar a la de los precios internacionales para los dos meses finales, el promedio anual sería de poco más de 53 dólares por barril, con un aumento anual de 10 dólares. ¿Cuál desplome?
Ni el "pronóstico" de la Secretaría de Hacienda para 2007, ni el minirregateo de la mencionada Comisión de Hacienda, tienen que ver con la realidad, pues ambos suponen un desplome de más de 10 dólares frente al promedio del año en curso. Es más, el 14 de diciembre la OPEP acordó un nuevo recorte en su producción de este hidrocarburo, que se sumará al aplicado desde el primero de noviembre pasado.
En los años anteriores Hacienda ha hecho lo mismo, decretar fuertes rebajas de precios del crudo, desmentidas una y otra vez con fuertes alzas en la realidad. Su propósito es generar excedentes, de los cuales sólo una parte minoritaria se distribuye conforme a criterios que han variado de un año a otro, pero siempre la mayor parte del excedente le queda a Hacienda para hacer con él lo que se le dé la gana, sin ningún control del Congreso de la Unión.
Entre otras cosas, esto ha representado una insuficiente inversión de Pemex, la cual se traduce en aumento de las importaciones de refinados, petroquímicos y gas natural, y en un mal estado financiero de Pemex mismo. El peligro de una baja en la producción no es resultado simplemente de la declinación natural, sino de la insuficiente inversión en exploración de nuevas y viejas regiones petroleras, y la consiguiente dificultad de aumentar la producción en zonas que no están declinando. Para acabarla de amolar, en su afán de entregar el petróleo a empresas extranjeras, canalizan la poca inversión en exploración a zonas de menor productividad, dejando a medias los trabajos en zonas más productivas, alegando que en las improductivas no sería costeable que Pemex explorara directamente, cuando que a la larga se paga más a las empresas extranjeras. Como se disfraza ese mayor costo con los llamados Pidiregas, que son una forma, cara además, de endeudamiento, se profundiza cada año un círculo vicioso.
Los legisladores que discuten la Ley de Ingresos y el Presupuesto, no deben caer en esa trampa, avalando todo ese saqueo con un supuesto desplome de precios que no existe por ningún lado. Deben basarse, por lo menos, en los precios actuales reales, aunque la tendencia de largo plazo es, como vimos, al alza. Tampoco esperamos que los precios sigan aumentando 10 dólares por año, la tendencia de largo plazo no es lineal sino oscilante, y, en condiciones normales, esperaríamos un aumento de cinco o seis dólares por barril. Un elemento que podría tener un efecto a la baja, como es el fin de la guerra de Irak, se ha descartado para 2007 por el gobierno estadunidense, y se discute si el retiro de las fuerzas de ocupación se iniciaría en 2008 o no. Los otros elementos de los que se ha hablado son de plazos más cortos y se traducirían, en todo caso, en fluctuaciones que incidirían marginalmente en el promedio anual. Si se diera una recesión, ésta no abarcaría al mundo sino a una región, y el crecimiento de países como China e India no se ve amenazado. Más bien hay una competencia entre estos dos países y los occidentales, en la que principalmente China va asegurando cada vez más su abastecimiento mediante contratos de largo plazo (incluso del orden de 20 años) con países con yacimientos importantes en Asia, y los montos de crudo involucrados ya quedan fuera del mercado mundial.
Los tecnócratas que repiten la historia del desplome petrolero una y otra vez confían en la afirmación de Goebbels en el sentido de que si se repite una mentira un suficiente número de veces, se le convertirá en la verdad a los ojos de los demás.
http://www.jornada.unam.mx/2006/12/17/index.php?section=opinion&article=022a2pol

La excarcelación, una negociación política: Rueda Pacheco; aún quedan 95 presos

Familiares de los detenidos demandan al líder de la sección 22 continuar el movimiento

JESUS NARVAEZ ROBLES CORRESPONSAL
Tepic, Nay., 16 de diciembre. Tras un acuerdo con los gobiernos de Oaxaca y federal, la tarde de hoy fueron puestas en libertad bajo caución 43 de las 138 personas originarias de aquella entidad, que durante tres semanas permanecieron recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social de San José del Rincón, ubicado a 12 kilómetros de esta capital.
Hombres y mujeres, algunos aún con las ropas ensangrentadas y con heridas y huellas de los golpes recibidos durante su aprehensión en la ciudad de Oaxaca, los excarcelados bajaron de los dos camiones que los sacaron del penal y se encontraron y abrazaron y lloraron con sus parientes ­hermanos, hijos y padres­ que los esperaban, pero sin perder el ánimo corearon: "El pueblo unido, jamás será vencido", y "Oaxaca vive, la lucha sigue".
Desde la noche del viernes llegaron a Nayarit los dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Rueda Pacheco, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo), Rosendo Ramírez Sánchez, y uno de los abogados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Romeo González.
Dirigentes y familiares que los acompañaban permanecieron junto a la caseta de acceso al penal toda la noche. A las tres de la mañana de hoy salieron tres jueces (uno de Oaxaca y dos de Nayarit) encargados de cumplir el exhorto legal de liberar a los internos. "Van a ser 43 los que salgan", indicó el juez César Octavio García Torres.
Dirigentes y familiares permanecieron allí hasta las tres de la tarde de este sábado, cuando dos autobuses con 43 liberados a bordo salieron del penal y recorrieron unos 400 metros por la carretera internacional, hasta una zona de restaurantes y talleres en cuya explanada ya los esperaban sus familiares, abogados y líderes.
Al primer ambiente de júbilo sobrevino el llanto de algunos familiares, sobre todo al ver las huellas de los golpes en algunos de ellos, las heridas en la cabeza y su ropa aún manchada de sangre.
Uno de los liberados es Javier Sosa Martínez, presidente municipal por usos y costumbres de San Juan Yaeé, quien fue detenido cuando esperaba en la parada del camión, "y, sin más, los policías llegaron me golpearon, me patearon en el suelo y nomás alcancé a decirles: yo no vengo en la bola, pero me contestaron: 'eso dicen todos'".
Gonzalo Santiago López, quien encabeza a la Unión de Familiares de los Detenidos, le entregó a Rueda Pacheco un documento con decenas de firmas de familiares, quienes demandan "que se retome el movimiento, porque la sección 22 está perdiendo el sentido de una lucha que ellos iniciaron: la liberación de todos los presos políticos y la destitución de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca".
Rueda Pacheco dijo que analizará el documento e informó que de los 22 maestros que se hallaban detenidos en El Rincón, 21 fueron excarcelados y sólo falta Mercedes Cumplido Pantoja.
Aclaró que "la liberación de los compañeros fue (mediante) una negociación política... pues si lo hubiéramos dejado en términos jurídicos se hubiera llevado meses en resolver un fallo en su favor y vamos a seguir luchando política y jurídicamente, por lo que tendremos una reunión en la Secretaría de Gobernación la próxima semana, porque vamos a exigir la libertad inmediata de todos nuestros compañeros".
El dirigente del Steuabjo, Rosendo Ramírez, recordó que de los tres detenidos de su organización "aún queda un trabajador llamado Raúl Ramírez Matías".
Antes de partir a Oaxaca, los excarcelados acudieron al Hospital General de Tepic, donde ­señaló Rueda Pacheco­ recibieron un examen general "para determinar si existe algún problema que les impida viajar". Después de un par de horas se determinó que no había ningún problema de salud, salvo las heridas que ya fueron atendidas.
Antes de salir les informaron que se hallan libres "bajo caución", la cual ­comentaron­ fue pagada por el gobierno del estado de Oaxaca y tendrán que acudir a firmar cada 30 días, unos al penal de Tlacolula y otros al de Mihuatlán.